Por Rodrigo Wagner.
Para bien o para mal, estas semanas muchas personas protestaron en contra del lucro en la educación universitaria. Más que alegar o pedir nuevas leyes, se me ocurre que ellos podrían orientar parte de su esfuerzo a solicitar que se cumpla ley vigente. Como toda sociedad, las universidades no deberían pagar un exceso de precio por el edificio que arriendan, que es el truco usado para extraer utilidades (lucro). En teoría, eso sería exigible frente al Servicio de Impuestos Internos dada la regulación vigente.
Lo primero es entender el modelo de los flujos de caja de una universidad privada. Como nos clarificó el Ministro Lavín en su entrevista de ayer en La Segunda, la universidad no tiene fines de lucro. Pero una sociedad inmobiliaria -- con los mismos o similares controladores -- es dueña de los terrenos y sí tiene fines de lucro. La universidad le paga un arriendo a la inmobiliaria, y es ésta última la que reparte las ganancias entre sus accionistas. Obviamente es correcto que universidades paguen el costo del lugar que ocupan. El tema es cuánto pagan, llamado técnicamente el “precio de transferencia”. Si la universidad paga un precio de arriendo muy alto, entonces en la práctica la sociedad conjunta resulta ser con fines de lucro.
El Servicio de Impuestos Internos está consciente de que dos empresas de un mismo controlador pueden inflar o desinflar artificialmente los precios a los que una empresa le vende insumos a otra, ya sea para pagar menos impuestos o para afectar los balances de las dos compañías. Por eso, siguiendo las directrices OECD, el SII está monitoreando que los precios de transferencia sean razonables, o sea que correspondan a lo que se pagaría si las dos empresas no estuvieran integradas (arms’ length).
Entendiblemente, hoy el SII está enfocado en que los grandes contribuyentes no hagan “trucos” con sus precios de transferencia. Quizás por lo mismo no se ha enfocado en las universidades privadas, pero si algún experto legal lo solicitara apropiadamente, entonces el SII tendría que hacer cumplir la ley.
¿Qué efectos podría tener algo así? En primer lugar, para varias universidades esto no tendría efecto, ya que en la práctica no retiran utilidades y/o no planean hacerlo en el futuro (especulo que la Universidad de Los Andes estaría en éste caso). En segundo lugar hay otro grupo que no se vería afectado: hay varias inmobiliarias que se vieron beneficiadas por políticas de subsidio al mejoramiento de la infraestructura de educación superior. Si entiendo bien, con esos subsidios se construyó más barato, por lo que incluso si el precio de arriendo es “de mercado”, las utilidades de invertir en una universidad privada podrían ser más altas que en el simple negocio inmobiliario. Ahí no hay nada que hacer. En tercer lugar estaría nuestro grupo de interés: las universidades que sí retiran utilidades económicas vía una sociedad inmobiliaria. Basado en la teoría de Shleifer y Glaeser (2001), si se bloquean las fuentes de lucro, entonces uno esperaría que dichas universidades gastaran más en servicios que puedan mejorar la calidad de la educación por peso gastado; por ejemplo: prestar mejores servicios, contratar mejores profesores, hacer más investigación, disminuir la publicidad durante la época de postulación o incluso bajar el costo de las matrículas. Se me ocurre que los alumnos de este tipo de universidades podrían verse beneficiados por la fiscalización, y por ello serían uno de los grupos más interesados en solicitar que fiscalicen los arriendos.
Reconozco que es difícil predecir la magnitud y los plazos de los potenciales beneficios del cambio propuesto. Por ejemplo, si se prohíbe efectivamente el lucro económico, quizás los fondos de inversión venderían sus universidades, lo cual tomaría un tiempo en transformarse en beneficios más tangibles
Para terminar, quiero decir que no es obvio que el lucro sea malo para todo tipo de educación superior ni en todo momento. Pero si alguien cree que el precio-calidad de su educación podría mejorar, pienso que está en todo su derecho a pedir que se cumpla la ley. Si no me equivoco, sólo faltaría que los potenciales beneficiarios se organizaran para que eso ocurra.
Fuente:http://www.latercera.com/
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